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Siete años de cárcel para Fujimori por corrupción

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El ex presidente peruano Alberto Fujimori ha recibido una nueva sentencia. Pero, a diferencia de las anteriores, ésta es por un caso de corrupción. La sala penal especial de la Corte Suprema peruana, presidida por el juez César San Martín, condenó ayer al ex mandatario (1990-2001) a siete años y seis meses de prisión por pagar 15 millones de dólares, extraídos del tesoro público, a su ex asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos Torres en 2001. Fujimori argumentó que entregó ese dinero para impedir un golpe de Estado, pero esa justificación no fue tomada en cuenta por el tribunal, que lo encontró culpable de los delitos de peculado y falsedad ideológica.

Por esta condena, Fujimori deberá permanecer en prisión hasta el 11 de agosto de 2014 y pagar una reparación civil al Estado de tres millones de soles (unos 720.000 euros). Sin embargo, ya cuenta con otra sentencia mayor, de 25 años, por las matanzas de Barrios Altos y la Universidad de La Cantuta en los noventa, que aún debe ser confirmada por la instancia superior, al igual que ésta, ya que Fujimori ha presentado recursos de nulidad en ambos casos. Como la legislación peruana no contempla la acumulación de penas, el ex presidente sólo deberá cumplir la sentencia más larga.

Aunque el final era previsible, porque tres ex ministros que participaron en la operación ya han sido condenados por este caso, el juicio fue muy rápido. Duró menos de dos semanas, porque Fujimori admitió los hechos tal como fueron presentados en la acusación fiscal y únicamente rechazó la responsabilidad penal, una maniobra legal que, a juicio de varios analistas, tenía como finalidad evitar un largo proceso de presentación pública de evidencias y testigos que perjudique más su imagen. Y, sobre todo, la inminente campaña electoral de su hija Keiko, que -según un sondeo de la empresa Ipsos Apoyo publicado el domingo- sigue liderando la intención de voto para las elecciones de 2011, con un 20% de los votantes, por delante del alcalde de Lima, Luis Castañeda, que tiene un 18%.

El caso, conocido en Perú como “la CTS (suerte de indemnización por tiempo de trabajo) de Montesinos” se originó tras la aparición de los primeros vídeos que dejaron en evidencia la corrupción del régimen fujimorista y de que el presidente anunciara públicamente la disolución del Servicio de Inteligencia Nacional y el adelanto de las elecciones en 2000. El 11 de septiembre de ese año, el Gobierno emitió un decreto de urgencia que asignaba recursos extraordinarios al Ministerio de Defensa para ejecutar un supuesto plan que impidiera el ingreso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Perú. El dinero, en realidad, fue cambiado a dólares y entregado en maletines a Montesinos, quien se lo dio a un traficante de armas para que lo depositara en una cuenta en el extranjero y luego se fugó a Panamá. El viernes, en su exposición, Fujimori argumentó que había sido chantajeado por Montesinos, que aún mantenía un férreo control de las fuerzas armadas y amenazaba con dar un golpe de Estado, y que, por mediación del ministro de Economía, había logrado convencerlo de que abortara sus planes a cambio del pago.

Los 15 millones, efectivamente, regresaron al tesoro público al cabo de un mes, pero la explicación de Fujimori, que señaló que el dinero provino de un hallazgo en la sede del Servicio de Inteligencia Nacional, no fue considerada verosímil por el tribunal. Tampoco se consideró válido el argumento de la defensa, que señalaba que como el dinero había sido devuelto no se había ocasionado perjuicio al Estado. Al final, la sala sólo rebajó seis meses a la pena de ocho años que había pedido el fiscal Avelino Guillén. La fiscalía, además, ha solicitado que se investigue de dónde salió el dinero para la reposición.

A Fujimori aún le queda responder por tres casos más de corrupción: la compra de un canal de televisión por cable con dinero del Estado, la intercepción de comunicaciones telefónicas a cargo de sus servicios de inteligencia, y los sobornos entregados a congresistas de oposición en 2000 para que se pasaran a su partido. Las tres denuncias se han comprendido en un solo juicio, que debe iniciarse en breve. A falta de que las sentencias por homicidio y la de ayer sean confirmadas en la Corte Suprema, por ahora Fujimori cumple una condena de seis años de cárcel por allanar ilegalmente la casa de la esposa de Montesinos con ayuda de un falso fiscal, la única firme hasta el momento.

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